El 8M no es un día de felicidad, no es un día grato, en donde el saludo sea el un factor cordial. Las desigualdades, la violencia y la realidad que nos atraviesa nos muestran que mucho no ha cambiado más allá de los números que no dejan de escalar. Sin ir más lejos, en lo que va del 2022, según el observatorio “Ahora que sí nos ven”, se han registrado 51 femicidios hasta el 28 de febrero, lo que implica un 20% del total de los ocurridos en el 2021 (255).

 

#8M

Como en marchas anteriores, las organizadoras entregaron petitorios en los que reclamaron que «se termine la precarización laboral, el pase a contrato y planta permanente. También pedirán aumentos salariales acorde a la canasta básica, igual salario por igual trabajo y la apertura de las paritarias con representación de delegadas mujeres y la inclusión de personas Lgbtiq+».

Mientras que a la Justicia le exigieron «celeridad y seguimiento de los casos de violencia de género, el cumplimiento efectivo de las perimetrales y restricciones. Sumado a la aplicación de la Ley Micaela y perspectiva de género como requisito obligatorio para el nombramiento de funcionarias y funcionarios públicos, entre otros reclamos».

Además, en materia de salud, pidieron «la efectiva implementación de la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin dilaciones en todo el territorio provincial y que se termine con las prácticas disciplinadoras hacia las personas que deciden abortar voluntariamente».

También solicitaron que «se destinen los recursos materiales y humanos a hospitales del interior de la provincia, que se termine la violencia obstétrica y mala praxis y que se garantice el acceso a la ligadura de trompas sin juicios de valor por parte de las y los profesionales. Entre los pedidos están reclamos vinculados a la educación como la plena implementación de la Ley Educación Sexual Integral y protocolos de acción para poner fin a las violencias contra niñas y adolescentes».

“No es momento de homenajes ni regalos, sino un día de toma de conciencia y es por eso que, desde este Observatorio (Ahora que sí nos ven), que a diario da cuenta de la violencia más extrema hacia las mujeres, niñas y compañeras travestis/trans, sostenemos la urgente necesidad de que el Estado incremente y priorice las medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones".

 

El Femicida es conocido

Según el informe publicado por el observatorio “Ahora que sí nos ven”, en nuestro país tenemos un femicidio cada 28 horas y la mayoría de ellos, sucede en la casa de la víctima, lo cuál es un factor más que importante a tener en cuenta para entender lo vulnerables que están algunas mujeres producto de un Estado que nos les garantiza la seguridad necesaria para hacer una denuncia: “si los femicidios ocurren en casa, es importante implementar medidas y herramientas que contribuyan a detectar situaciones de riesgo y verdaderas oportunidades para que las mujeres que conviven con el agresor cuenten con las posibilidades materiales para poder apartar al agresor de la vivienda, o en su caso contar con políticas de acceso a la vivienda con perspectiva de género para que las mujeres en situación de violencia puedan tener una autonomía económica que les permita dejar el hogar en el que su vida corre peligro”, detalla el informe al respecto.

“Respecto del vínculo de la víctima con el agresor, en el 86% de los femicidios el femicida pertenecía al círculo íntimo. Seguimos observando con preocupación que en el 59% de los casos el femicida era la pareja o ex pareja de la víctima”, señalan desde Ahora que sí nos ven.

 Esta situación se agrava cuando nos damos cuenta que el 20% de las mujeres que terminó siendo víctima había realizado una denuncia o contaba con alguna medida de protección. Nuevamente el Estado falla y la exigencia es clara: “queremos un Estado que escuche a las víctimas”.

En #Corrientes el Poder Judicial elaboró un informe acerca de las denuncias realizadas en materia de violencia de género durante el 2021. Se registraron 2752 casos siendo la primera circunscripción la que más casos acumula con 933. En cuanto a expedientes también vemos un crecimiento sustancial: en 2019 se iniciaron 1967, en 2020 3290, y en 2021 3817.

En cuanto al vínculo que se establece entre la víctima y el victimario la situación se repite una y otra vez: el 80% sufre violencia a manos de su pareja, ex pareja, conyugue o conviviente. La situación laboral también muestra una de las violencias más comunes y menos perceptibles: la económica. Si le ponemos números un 62% de las víctimas no trabaja, mientras que un 74% de los victimarios sí lo hace, por lo cuál la dependencia de uno sobre otro en materia monetaria es una necesidad y una de las causas que hace que una mujer muchas veces vuelva al lugar dónde es maltratada,

Según un informe publicado por el diario El Litoral en Corrientes los casos de violencia de género han aumentado en un 70%. Las magistradas Nora Gabriela Chávez Caballero, María Mercedes Sosa y Nora Alicia Infanta, titulares de los Juzgados de Familia N°1, N°2 y N°3 de la capital, indicaron que sólo durante la feria de verano de este año han ingresado 253 causas por violencia tanto familiar como de género (un 70% más que el mismo periodo del año anterior).

En cuánto a las causas, las magistradas expresaron que esa cifra revela al menos dos grandes indicadores “por un lado, la alta conflictividad social en que está sumergida la sociedad, y la vulnerabilidad social y económica extrema de las personas —en su gran mayoría mujeres— que acuden a los estrados judiciales para encontrar alguna respuesta”. Además, aclararon que la justicia no es el organismo que debiera prevenir, porque actúa una vez requerida la acción, y es potestad de otros organismos del Estado actuar en materia de prevención y contención. Otra vez, el Estado falta.

 

La paridad desde el discurso

Desde el 2020 rige en Argentina la denominada Ley Micaela (se llama así en conmemoración a Micaela García, una joven entrerriana que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner). Si bien la ley exige a todas las personas que trabajan en los 3 poderes del Estado nacional recibir capacitación en temas de género y violencia contra las mujeres de manera obligatoria, poco se conoce de su aplicación en el suelo correntino, ya que sólo desde el Poder Judicial en varias ocasiones expusieron las acciones que llevan adelante en esta cuestión.

Por ende, en lo que respecta a los dos poderes restantes, se desconoce cuál es el número de personas que realizaron la capacitación, cuáles fueron las temáticas abordadas y/o resultados de lo ejecutado en los últimos dos años. Estos indicativos denotan las "carencias" a la hora de legislar con perspectiva de género en las Cámaras, como también en las acciones de las carteras ministeriales.

En noviembre de 2017 se sancionó la Ley de Paridad de Género que contempla la representación pública para los primeros cargos cómo para los últimos de la lista en un 50/50. De todas las provincias de nuestro país, solamente Corrientes, Tucumán y Tierra del Fuego no han adherido a su aplicación. Si retrocedemos más allá en el tiempo, nos encontramos con que en 2011 el entonces gobernador de la provincia, hoy senador por la UCR, Ricardo Colombi, declara a la provincia como “Pro Vida” a través del decreto N°2870, herramienta que define como “Política de Estado en defensa de la Vida”, siendo uno de los grandes motivos por los cuales en Corrientes no se aplica la ESI.

En 2018, el actual gobernador Gustavo Valdés, envió el proyecto de ley a la Legislatura con el objetivo de cumplir con el cupo, y además "no oficializar ninguna lista que no cumpla con los requisitos que exige la Ley". Además, señaló que "los distintos géneros deben sentirse representados". Oh casualidad, ese mismo año no hubo quorum en el Senado de la provincia y por eso el proyecto tuvo que pasar a tratarse en el 2019 (Solamente ese año tuvieron 28 sesiones, lamentable).

En 2020 Valdés vuelve a enviar el proyecto para que sea tratado en el recinto, pero en este caso agrega también a la propuesta el Voto Joven: “para seguir progresando como sociedad y darles la oportunidad a los jóvenes de elegir representantes y asegurar la igualdad en política”, señala el gobernador. Ese mismo año, el cinco de julio, la diputada por el Frente de todos, Alicia Meixner presenta un proyecto que tenía por objetivo “establecer la paridad de género en los tres poderes del Estado y en los Partidos Políticos”.

Somos la única provincia del NEA que no cuenta con Ley de Paridad y una de las tres del país que no la aplica. Además, si vemos la constitución del gabinete de ministros de Valdés nos encontramos con que, de 14 ministerios, solamente dos están ocupados por mujeres: El ministerio de Educación y el de Industria, Trabajo y Comercio. Si lo comparamos con la gestión 2017-2021, solamente incorporó una mujer a su gabinete (al ministerio de Industria). Sin embargo, el gobernador insiste en que desde el ejecutivo “venimos incorporando y dándole fuerza a la mujer, sabemos que tienen un rol especial, específico, central y les deseamos muchísima suerte en el ejercicio de sus funciones”.