Los incendios siguen sin poder controlarse en la provincia de Corrientes. El fuego ha avanzado y consumido más del 10% de la superficie del territorio correntino, según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), más de 800 mil hectáreas han sido fulminadas entre el mes de enero y febrero. Del total, más del 50% ha afectado a los esteros (y otros bañados). Además, solamente en el Ibera, el fuego ha avanzado por 75 mil hectáreas, lo que totaliza un 40% de la superficie del parque.

El fuego avanza sin cuartel

Días atrás algunas lluvias abrieron un umbral de esperanza que no fue tal. Sirvió para mitigar alguno de los focos activos que tenía la provincia de Corrientes, pero no para apagarlos. Hoy según el reporte diario del Servicio Nacional de Manejo contra el Fuego (SMNF), Corrientes cuenta con 11 focos activos repartidos por distintas localidades del interior provincial: Concepción, San Miguel, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Virasoro, Alvear, Corrientes, Carlos Pellegrini, Lavalle; solamente aparece como contenido el foco ígneo que se presentó en la zona Caa Catí.

Particularmente en la zona de Colonia Carlos Pellegrini, el fuego ha avanzado sobre la Isla San Alonzo y asecha a las instalaciones de la Fundación Rewilding Argentina, quién junto al Gobierno provincial y nacional están realizando fuertes trabajos en la introducción de especies nativas en el Ibera: “el fuego se encuentra a 5 km de las viviendas de nuestro equipo y del Centro de Reintroducción de Yaguareté y de la Nutria Gigante. Casi 50 personas trabajan activamente realizando contrafuegos para detener el avance de las llamas”, señalan en la cuenta oficial de Twitter de Rewilding Argentina.

Según los datos que maneja la Fundación, el fuego afectó cerca de 74.000 hectáreas del Parque Nacional Iberá, casi el 40% de la superficie total que corresponde a humedales, pastizales y bosques únicos en su tipo por su biodiversidad.

Producción, economía y ambiente

Según informes elaborados por distintas carteras productivas de la provincia, se estima una pérdida hasta el momento 70 millones de pesos, relevados hasta el 16 de febrero, siendo las principales actividades consultadas el arroz, la yerba mate, citricultura, forestación y ganadería.

Gerardo Condado, referente de la Sociedad Rural de Mercedes e integrante de Asociaciones Rurales Argentinas calificó la situación en diálogo con radio LT7 de Corrientes AM900 como crítica: “En términos generales la situación es muy difícil, pero no sólo por la coyuntura, sino por lo que visualizamos de cara a lo que se viene ya que estamos en la puerta de una situación muy compleja en la que se va a perder el ciclo productivo”, detalló. Por su parte Facundo Palma vicepresidente de la Sociedad Rural de Corrientes advierte que:” El estado de situación ha pasado de una emergencia a una catástrofe. Corrientes tiene 8 millones de hectáreas y hoy tiene 800 mil quemadas”

Respecto al daño ocasionado en el medio ambiente y su impacto en el sector turístico, el ministro de Turismo de la provincia de Corrientes, Sebastián Slobayen aseguró que por lo menos 35 mil personas que trabajan directa o indirectamente de prestar servicios en la zona del Ibera, son los más afectados. Además desde la Cámara Correntina de Turismo aseguran que se está trabajando en un relevamiento para conocer más de cerca la realidad del sector y poder direccionar líneas de acción más concretas.

En resumen, en lo que va de la catástrofe ambiental en Corrientes, se han perdido entre unos 80 y 100 mil terneros en la ganadería; unas 250 mil toneladas (40% de la producción) según señalan desde el sector arrocero; y hay un 60% menos de stock para 2023 en productos derivados de la yerba.

 

No es yeta, es política

"Como decimos nosotros, Corrientes tiene yeta, porque llovió en Chaco, en Misiones y Formosa, pero acá no", señaló el gobernador Gustavo Valdés días atrás haciendo referencia a la situación de incendios que vive Corrientes. Sin embargo, la “mala suerte” o “la desgracia” no encuadra en la falta de previsión y mal manejo de los bosques y forestales en el territorio, por parte del Ejecutivo provincial.

Más allá de la lucha entre nación y provincia por la cuestión de los recursos, se nota por parte de ambos una decidía y una inacción totalmente desconcertante: ¿si la provincia hubiese sido de otro color político la nación hubiese actuado más rápido? Esta claro que desde Nación hubo una reacción tardía ya que teniendo en cuenta los registros del propio gobierno nacional, la situación en Corrientes ya había escapado a las manos del ejecutivo provincial y se había vuelto inmanejable a mediados de enero. Según el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación,Juan Cabandié, a Corrientes se le ofreció ayudas no menos de 16 veces, ya sea de manera formal e informal, y las mismas fueron desechadas, rechazadas o directamente no correspondidas. El 23 de enero pasado desde el Sistema Nacional de Manejo Contra el Fuego se le envió a la provincia una nota formal dirigida a la Dirección de Recursos Forestales de la provincia (quién por ley es la autoridad competente en Corrientes para el manejo de fuego), donde se ofrecía “apoyo terrestre, para combate a incendios forestales con brigadas de combate”. En el correo electrónico, se precisaba: “Se necesitaría que en caso de que Corrientes lo requiera es un lugar donde alojar a esta brigada (dormitorios, lugares para aseo personal, cocina, etc.) y la comida para esos días de estadía en la provincia”.

Ese mail envido por el coordinador del NEA del manejo del fuego, Luis Besold, fue respondido recién el 5 de febrero, cuando Corrientes finalmente aceptó los ofrecimientos de nación: ¿Decidía, orgullo, soberbia, negligencia, falta de previsión? Más allá de toda la circunstancia y el contexto político, está claro que en Corrientes faltan políticas de Estado que puedan resolver el problema.

Siempre se menciona desde el gobierno provincial que es una situación excepcional, marcada por tres años de sequía muy intensos y que ha afectado prácticamente a toda la provincia. Entonces, ¿Corrientes hizo algo para evitar que lo que se está dando hoy no suceda? La respuesta, aunque duela, es muy simple: No. En Corrientes se registran grandes focos ígneos desde el 10 de enero y el ejecutivo provincial declaró la emergencia agropecuaria e ígnea recién el 6 de febrero, prácticamente un mes después, y cuándo el daño ya estaba hecho.

Se conoció también en los últimos días un expediente por 140 millones de pesos, expedidos por el Gobierno provincial bajo el número 000-00013-2022, cuyo objetivo es: "solventar los gastos que demandan la realización de los CARNAVALES CORRENTINOS 2022 (montaje de tribunas, infraestructura, audio unificado, baño, desagote y limpieza, carros de sonidos, etc).

Entonces, si es así, ¿Qué hace la empresa que organiza el evento?¿por qué el gobierno elige darle 140 millones a un tercero, y darle sólo 68 millones a los bomberos en dos tramos de 34 en el mes de enero y febrero?. Esto ha generado mucha indignación en la gente y es una de las muestras más contundentes de una mirada crítica a la situación ambiental, y la falta de políticas de Estado.

Ph: Revista Crítica

“La prevención resulta escasa, porque, al no existir una rápida respuesta, el fuego se extiende hasta ser inmanejable”, señaló a Chequeado Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Por su parte, Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), coincidió la necesidad de mayor prevención y consideró que prevalece una visión “emergentista” de la problemática. “Se debe hacer trabajo en el territorio todo el año con la comunidad local, con tareas de educación, prevención y ordenamiento territorial”, agregó en diálogo con este medio.

 

¿Un renacer del ibera? Algunos “inconvenientes legales”

En la semana, el gobierno provincial presentó el programa “Renacer Ibera”, que busca acompañar y apuntalar el resurgimiento de la naturaleza después de las llamas. Sin embargo, ¿es posible planificar, diseñar y moldear un plan si todavía no existe un cálculo total del daño en fauna y flora? ¿es posible proyectar un resurgimiento si todavía el fuego no ha cedido y las cenizas aún están calientes? ¿se puede restablecer un ecosistema complejo sin una mirada crítica sobre el medio ambiente?

El intento de responder a estas preguntas ha abierto un debate acerca de las legislaciones vigentes y su alcance. Por ejemplo la exigencia por parte de organizaciones ambientales de la sanción de una Ley de Humedales (que ha perdido estado parlamentario por 3° vez): “La dirigencia política tiene un compromiso ambiental desde el discurso”, señaló al respecto Nicolas Duarte, referente de la organización Correntinos Contra el Cambio Climático, quién agregó que: “el 31% del territorio nacional corresponde a humedales”, y resaltó que el proyecto de ley “no busca restringir la actividad productiva”, que es una cuestión que se creó en oposición a este proyecto. “La importancia ambiental y ecológica que tiene estos espacios no puede quedar en la libertad de cada propietario de un campo que tenga humedal que quede a libertad de esa persona hacer uso de ese recurso por el valor ambiental que tiene”.

Ph: Revista Crítica

Otra de las exigencias ambientales (además de una mirada crítica) tiene que ver con la exigencia de la ley Yolanda, Ley Nacional N° 27.592, que tiene como objetivo “garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública” según lo estipulado en el artículo 1° de la ley sancionada.

Personas que tengan cargos de funcionarios públicos, de todas las jerarquías y niveles en los tres poderes del estado provincial, tendrán la obligación de capacitarse, según lo indica la Ley Yolanda. Se busca la gestión racional de los bienes naturales, es decir, generar beneficios para la naturaleza y la sociedad con acciones ecológica y sostenible.

 En la Ley se explica que los encargados de la aplicación y control serán los titulares de cada Poder del Estado, los que deberán adoptar en sus propias esferas las medidas pertinentes para el dictado de la capacitación a los integrantes de cada Poder; debiendo anualmente publicar en su Página Web lo actuado durante el año.”

Hasta ahora las provincias que ya se encuentran con la aprobación de la Ley Yolanda son Buenos Aires, Jujuy, Río Negro, Entre Ríos, Río Negro, Chaco, La Pampa, Chubut, Misiones y Tucumán, obviamente Corrientes no aparece en la lista.

Por último, en la semana, legisladores del Frente de Todos Corrientes, presentaron un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tratándose de una modificación a la Ley 6.233.

Esta ley responde a la necesidad de lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, objetivos que deberían ser prioritarios para quienes gobiernan y legislan en la Provincia de Corrientes más allá de las diferencias partidarias. Si bien, esta no es una solución al problema, es la oportunidad de gestionar acciones políticas encausadas de maneras concreta y rectas a tratar de solucionar el problema ambiental en la provincia.